La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una norma de gran relevancia en el ámbito de la administración pública en España. Esta ley tiene como objetivo establecer las bases del procedimiento administrativo común que deben seguir las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos.
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Estructura y contenido
La Ley 39/2015 consta de un total de 166 artículos, agrupados en 5 títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. A continuación, se describirá brevemente el contenido de cada uno de los títulos:
Título Preliminar: Este título establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, así como los principios generales que deben regir el procedimiento administrativo.
Título I – De los interesados en el procedimiento: Este título regula la figura de los interesados en el procedimiento administrativo, estableciendo sus derechos y obligaciones, así como los requisitos para su identificación y representación.
Título II – De la actividad de las administraciones públicas: En este título se establecen las diferentes fases del procedimiento administrativo, desde la iniciación hasta la finalización, incluyendo la resolución y los recursos administrativos.
Título III – De la revisión de los actos en vía administrativa: Este título regula la revisión de los actos administrativos y los recursos que pueden interponerse contra ellos.
Título IV – De la ejecución de los actos en vía administrativa: En este título se establecen las normas relativas a la ejecución de los actos administrativos, incluyendo la ejecución forzosa y la responsabilidad patrimonial de la administración.
Modificaciones normativas
La Ley 39/2015 introdujo numerosas modificaciones en otras normas existentes en el ámbito de la administración pública. Entre ellas se encuentran la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Entrada en vigor
La Ley 39/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Sin embargo, algunas de sus disposiciones adicionales y transitorias establecieron plazos y periodos de adaptación para su aplicación, con el fin de facilitar a las administraciones públicas su adaptación a las novedades introducidas por esta norma.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
Estructura de la norma
La Ley 40/2015 consta de un total de 129 artículos, agrupados en 10 títulos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. A continuación, se describirá brevemente el contenido de cada uno de los títulos:
Título Preliminar: Este título establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, así como los principios generales que deben regir el régimen jurídico del sector público.
Título I – Del sector público: En este título se definen los distintos tipos de entidades que componen el sector público, estableciendo sus características y relaciones.
Título II – De los órganos de las administraciones públicas: Este título regula los órganos de las administraciones públicas, estableciendo sus competencias, organización y funcionamiento.
Título III – De los empleados públicos: En este título se establecen las normas relativas a los empleados públicos, incluyendo su régimen jurídico, selección, formación y derechos y deberes.
Título IV – Del procedimiento administrativo común: Este título regula el procedimiento administrativo común que deben seguir las administraciones públicas en su actuación.
Título V – De los contratos del sector público: En este título se establecen las normas relativas a los contratos del sector público, incluyendo su celebración, ejecución y extinción.
Título VI – De las subvenciones: Este título regula las subvenciones públicas, estableciendo los requisitos para su concesión y justificación.
Título VII – De la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: En este título se establecen las normas relativas a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, incluyendo su exigencia y indemnización.
Título VIII – De la transparencia y acceso a la información pública: Este título establece las normas relativas a la transparencia y el acceso a la información pública, incluyendo la publicidad de los actos y la protección de datos.
Título IX – Del régimen jurídico del sector público instrumental: En este título se regulan las bases del régimen jurídico del sector público instrumental, estableciendo su régimen jurídico y control.
Modificaciones normativas que introduce
La Ley 40/2015 introduce modificaciones en diversas normas que regulan el sector público en España. Entre ellas se encuentran la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la Ley 3/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Normas que deroga
La Ley 40/2015 deroga diversas normas que han quedado obsoletas o han sido sustituidas por esta nueva normativa. Entre ellas se encuentran el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Principales normas que modifica
Entre las principales normas que modifica la Ley 40/2015 se encuentran la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, y la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Entrada en vigor
La Ley 40/2015 entró en vigor el 2 de octubre de 2016, al igual que la Ley 39/2015. Al igual que esta última, la entrada en vigor de la Ley 40/2015 también estableció plazos y periodos de adaptación para su aplicación en las administraciones públicas.
Principales elementos del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo es el conjunto de actuaciones que deben seguirse para la tramitación de un procedimiento en el ámbito de la Administración Pública. La Ley 39/2015 establece una serie de elementos fundamentales que deben estar presentes en todo procedimiento administrativo. A continuación, se detallarán los principales elementos del procedimiento administrativo:
1. Solicitud: Es el acto mediante el cual una persona solicita a la Administración Pública la realización de una actuación administrativa. La solicitud debe contener los datos personales del solicitante, así como la descripción de la actuación que se solicita.
2. Trámite de alegaciones: Es el procedimiento mediante el cual se da la posibilidad a los interesados de manifestar su opinión o aportar documentos en relación con el procedimiento. Esta fase permite garantizar el principio de audiencia y el derecho a la defensa de los interesados.
3. Informes técnicos: En muchos procedimientos administrativos, es necesario contar con informes técnicos que avalen la viabilidad o legalidad de la actuación que se pretende llevar a cabo. Estos informes pueden ser solicitados a órganos especializados o a expertos en la materia.
4. Resolución: Es el acto administrativo mediante el cual la Administración Pública pone fin al procedimiento administrativo, decidiendo sobre la solicitud presentada. La resolución debe ser motivada y notificada a los interesados.
5. Recursos y reclamaciones: Los interesados pueden interponer recursos o reclamaciones frente a las resoluciones administrativas que consideren injustas o lesivas para sus derechos e intereses. Estos recursos deben presentarse ante la Administración competente dentro del plazo establecido por la Ley.
6. Ejecución de la resolución: Una vez que la resolución administrativa ha adquirido firmeza, es decir, que no puede ser recurrida, debe procederse a su ejecución. La Administración Pública debe llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para hacer efectiva la resolución dictada.
7. Registro de documentos: La Ley 39/2015 establece la obligación de la Administración Pública de llevar un registro de entrada y salida de documentos. Este registro tiene como finalidad garantizar la trazabilidad y el control de los documentos que se presentan en el ámbito administrativo.
Control y seguimiento de los procedimientos administrativos
La Ley 39/2015 establece las bases para el control y seguimiento de los procedimientos administrativos. El objetivo es garantizar que estos se desarrollen de manera eficiente, transparente y en cumplimiento de la legalidad. A continuación, se detallarán los principales mecanismos de control y seguimiento previstos en la normativa:
1. Registro electrónico: La normativa establece la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico. Este registro permite la presentación telemática de documentos y solicitudes, así como el seguimiento de los procedimientos. Además, garantiza la autenticidad, integridad y confidencialidad de los documentos presentados.
2. Notificaciones electrónicas: La Ley establece la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de realizar las notificaciones a través de medios electrónicos. Esto permite agilizar los trámites y garantizar la recepción de las notificaciones por parte de los interesados.
3. Plazos de resolución: La Ley establece plazos máximos para la resolución de los procedimientos administrativos. Si la Administración no resuelve dentro de estos plazos, se entiende que existe silencio administrativo negativo, lo que da lugar a la posibilidad de interponer recursos por parte del interesado.
4. Información y publicidad: La Ley establece la obligación de las Administraciones Públicas de proporcionar información y publicar los procedimientos administrativos que se encuentran en tramitación. De esta forma, se garantiza la transparencia y el acceso a la información por parte de los interesados.
5. Control de legalidad: La Ley establece que las actuaciones administrativas están sometidas al control de legalidad. Esto implica que cualquier interesado puede solicitar la revisión de una actuación administrativa que considere contraria a la legalidad vigente.
El control y seguimiento de los procedimientos administrativos es fundamental para garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en las actuaciones de la Administración Pública. La Ley 39/2015 establece estos mecanismos con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas.
FAQS – Preguntas Frecuentes
Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 39/2015?
Respuesta 1: El objetivo principal de la Ley 39/2015 es regular el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, estableciendo las garantías y los derechos de las personas en sus relaciones con la administración.
Pregunta 2: ¿Cuáles son las principales novedades que introduce la Ley 39/2015?
Respuesta 2: Entre las principales novedades de la Ley 39/2015 se encuentran la simplificación de trámites administrativos, el impulso de la administración electrónica, la incorporación de nuevos derechos para los ciudadanos y la promoción de la transparencia en la gestión pública.
Pregunta 3: ¿Cómo afecta la Ley 39/2015 a los ciudadanos en sus relaciones con la administración?
Respuesta 3: La Ley 39/2015 garantiza los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, como el acceso a la información, la participación en los procedimientos, la obtención de copias de documentos y la posibilidad de presentar alegaciones y recursos.
Pregunta 4: ¿Cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas según la Ley 39/2015?
Respuesta 4: La Ley 39/2015 establece que las administraciones públicas deben actuar de forma eficiente, respetar los plazos establecidos, garantizar la seguridad jurídica, proporcionar información clara y accesible a los ciudadanos, y fomentar la colaboración y la coordinación entre administraciones.
Pregunta 5: ¿Cómo se impulsa la administración electrónica según la Ley 39/2015?
Respuesta 5: La Ley 39/2015 promueve el uso de medios electrónicos en las relaciones entre administración y ciudadanos, establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica en determinados procedimientos y simplifica la firma electrónica, para agilizar y facilitar los trámites administrativos.
